DINERO PÚBLICO PARA DESPIDOS PRIVADOS
Tras una excedencia forzosa con derecho a reserva del puesto de trabajo para incorporarse a un proyecto de cooperación internacional al desarrollo, una trabajadora es despedida por Radio ECCA en el año 2009. Así empieza una historia de cuatro años de lucha de alguien dispuesta a defender sus derechos laborales. Desde entonces hasta hoy, si echamos la vista atrás, podremos constatar el retroceso que hemos sufrido los/as trabajadores/as en nuestros derechos.
Las últimas reformas en materia laboral, junto a otras normas recientes, como el “tasazo judicial”, han hecho que se convierta en una auténtica aventura, cuando no temeridad, el que un/a trabajador/a “se atreva” a pedir el reconocimiento de un derecho.
Mientras que en el caso que nos ocupa no hubo que pagar ni para interponer la demanda de despido ni en los sucesivos recursos realizados por la empresa (Juzgado de lo Social, Tribunal Superior de Canarias y Tribunal Supremo), en el momento actual habría que haber dispuesto, sólo en concepto de tasas judiciales, de más de 1200 euros, cantidad difícil de asumir para alguien que, de la noche a la mañana, se queda sin empleo.
Al margen de las tasas judiciales, el aumento de las causas de despido procedente, libre y “cuasi gratuito” además de precarizar las relaciones laborales, reduce drásticamente la posibilidad de que el/la trabajador/a consiga hacer valer sus derechos. En nuestro caso, por ser anterior a la última reforma laboral, Radio ECCA al despedir de manera improcedente se vio obligada a pagar 45 días por año trabajado en concepto de indemnización así como los salarios de tramitación. Por el contrario, en estos momentos, tras la última reforma laboral, al desaparecer los salarios de tramitación, si el empresario asume la ilegalidad y pone a disposición del/a despedido/a la indemnización, esto le resulta mucho más barato. Así, para Radio ECCA, despedir a una trabajadora con 8 años de antigüedad, en el año 2009, le ha supuesto un coste de 48.000 € (dejando aparte los pagos a la seguridad social) frente a otro despido, tres años más tarde, de otra trabajadora con más de 30 años de antigüedad que apenas le ha costado 30.000 €, acogiéndose al actual despido motivado por previsión de pérdidas en la producción.
Hay que señalar, además, que en el caso que nos ocupa se trata de una empresa privada financiada con fondos públicos que, justo en el año que cumplía los cuarenta de existencia, incorporó a su práctica habitual los despidos.
En una época de recortes en los servicios públicos, especialmente en educación-ámbito en el que esta entidad desarrolla su actividad- con lo que Radio ECCA ha dedicado en los últimos cinco meses a indemnizaciones por despidos se podrían pagar más de 40.000 almuerzos en los comedores escolares (según José Miguel Pérez, la Consejería de Educación gasta una media de 1,90 € en ayudas parciales o totales al alumnado que asiste a los comedores)
Las cifras aquí mencionadas son sólo una parte de las cantidades destinadas por una entidad privada –supuestamente- sin ánimo de lucro, y financiada con fondos públicos al pago de despidos. Con los fondos destinados por la Consejería de Educación a financiar centros educativos privados y/o concertados, ¿cuántas bajas de profesores/as en los centros públicos se podrían cubrir sin esperar los 15 días actuales? ¿cuántos/as profesores/as interinos/as, que este curso están desempleados/as, se podría haber contratado sin necesidad de aumentar las ratios en las aulas?¿cuántos recortes se podrían haber evitado en la educación pública?
Mientras que la Consejería de Educación de Canarias siga destinando 383,88 euros por alumno/a al año en los centros concertados y sólo 147,43 euros en los centros públicos, la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, de todos/as y para todos/as, seguirá siendo un objetivo urgente.
Ángeles Moreno Herrera
29 de abril de 2013
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