La comunidad educativa canaria (padres y madres, estudiantes, profesorado y personal no docente) y las organizaciones sindicales, políticas y sociales adheridas a este Manifiesto hemos acordado la convocatoria de una Huelga General de la Educación Pública en Canarias para el próximo 9 de mayo.
La comunidad educativa muestra así su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la educación a causa de unas políticas de austeridad injustas, perversas e inútiles, que tienen como objetivo encubierto el desmantelamiento de los servicios públicos, aquellos que deben garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad y de la equidad social.
Globalmente consideradas, todas las iniciativas en materia educativa emprendidas por el actual Gobierno estatal lesionan gravemente el derecho a la educación y sirven al objetivo básico de sentar las bases de un modelo social y productivo basado en la desigualdad.
NO A LOS RECORTES EDUCATIVOS
Los recortes educativos responden a una estrategia calculada para debilitar y degradar la calidad del sistema educativo y avanzar en su privatización. Además, no suponen ninguna solución a los problemas reales de la educación pública. Los ejes de esta política de degradación son:
- Drástica reducción de las plantillas: en contradicción con el incremento sostenido del alumnado y de las múltiples opiniones cualificadas que recomiendan el desarrollo de planes para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano, los cuales requieren un mayor número de docentes y de otros profesionales del sector educativo (auxiliares, cuidadores…).
- La reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: recursos destinados a becas en todos los niveles, servicios complementarios (comedores, transporte, libros y material escolar), aulas de apoyo, medidas de atención a la diversidad… Como consecuencia, muchos alumnos dejarán de recibir las ayudas educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social.
- La eliminación de las subvenciones y/o ayudas a las AMPA´s y Asociaciones Estudiantiles, por ejemplo, para mantener actividades extraescolares de calidad a precios asequibles o garantizar la participación de estas en los diferentes foros educativos.
- El encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales para la sociedad, que deben ser suficientes y gratuitas. Brutal reducción del presupuesto destinado a la educación pública, salvaje política privatizadora, desorbitado incremento de las tasas universitarias, reducción del número y cuantía de las becas, deja de ser gratuito el acceso a la educación infantil, la formación profesional y a otras enseñanzas de régimen especial (idiomas, artísticas y musicales), recorte del mapa de titulaciones universitarias y de FP en un contexto de paro juvenil que supera el 50%. Contradictoriamente, se despilfarra en cuestiones innecesarias, como el uso abusivo de las horas extraordinarias, mientras envían a miles de profesionales al paro.
- La reducción y paralización, drástica, tanto de la construcción de nuevas infraestructuras en todos los niveles como de la remodelación de las antiguas (centros para I+D, nuevos centros educativos…) La reducción drástica del presupuesto de los centros para atender a las necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.
- El empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los centros. El incremento de la jornada de trabajo y de las tareas burocráticas de todos los/as profesionales de la educación, la no cobertura de las ausencias inferiores a 15 días y unas ratios excesivas (número de alumnos/as por aula), impiden el adecuado tratamiento de la diversidad, reduciendo las posibilidades de éxito escolar; y han supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en Canarias.
- La vulneración sistemática de los acuerdos laborales que garantizaban unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores/as de la enseñanza. Esta administración se ha caracterizado por un menosprecio absoluto a la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas. Los y las docentes han sufrido recortes salariales que han rebajado su poder adquisitivo en más del 25%, han perdido la gran mayoría de los beneficios sociales que tenían, deben hacer mucho más trabajo con muchos menos recursos, con un incremento sostenido de la carga de trabajo que atenta contra la calidad de la educación y sobre su estado de salud, amenazada también por los recortes de las prestaciones por situaciones de incapacidad laboral temporal.
- El recorte unilateral de derechos sociales, cuya última expresión es la reforma unilateral y vía Real Decreto-Ley de la jubilación anticipada y parcial que supone un endurecimiento injusto para el acceso a la jubilación.
Todos estos recortes tienen como finalidad reducir en más de un tercio el dinero destinado a la educación en todo el estado desde que gobierna el Sr. Mariano Rajoy. Al tiempo que se sientan las bases para una inminente privatización de la educación, convirtiéndola en un negocio rentable por no tener que afrontar la atención al alumnado más desfavorecido. Una vez más, se pone una necesidad social básica al servicio de los intereses económicos de una minoría.
NO A LA LOMCE
Esta es una contrarreforma fundamentalmente ideológica, basada en una determinada concepción de la sociedad. Es una contrarreforma impuesta, sin diagnóstico ni debate ni consenso cuyo modelo:
- Consolida los recortes educativos, la degradación de las condiciones laborales del personal docente y no docente y abre la puerta a una dura reconversión en el sector.
- Se ha diseñado a espaldas de la comunidad educativa. No ha permitido analizar ni debatir los posibles problemas de nuestro sistema educativo.
- Es una ley privatizadora que convierte a la educación en un bien individual. Mediante un cambio radical de objetivos, la educación deja de estar considerada como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar de centros públicos de calidad, para someterla a las leyes del mercado.
- Es una ley segregadora: por sexo, por lengua, por nivel adquisitivo (zona única de escolarización, rankings de centros), por nivel académico (reválidas, itinerarios sin salida, “altas capacidades”), por religión o por la especialización de centros.
- Establece itinerarios excluyentes, que selecciona y clasifica al alumnado, incluso antes de finalizar la educación obligatoria.
- Elimina el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, dejando a los consejos escolares como meros órganos consultivos, coartando la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.
- Concede un poder casi absoluto a los directores para aprobar el proyecto de centro y decidir en la selección de los profesores.
- Las pruebas externas en primaria y de reválidas al final de la ESO y del bachillerato, suponen desprecio a la labor docente y elimina la evaluación continua. Implanta una competencia desigual entre centros y zonas geográficas con diferente renta y nivel social, abriendo la puerta al “ranking de centros”. Concibe la evaluación como una carrera de obstáculos.
- Pervierte la autonomía de los centros, dando prioridad a los de especialización curricular, que profundizan en la selección del alumnado, en la desregulación y en la quiebra de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no establece medidas que favorezcan la equidad.
- Excluye otras funciones educativas propias de una sociedad democrática, eliminando la educación en valores. Retrocede en la igualdad de género y en la educación mixta. Además introduce como elemento mercantilista el “emprendimiento empresarial”. Obliga al alumnado a cursar religión o su alternativa, cuando las religiones deberían estar fuera del currículum y del horario escolar.
- Reduce la optatividad y en consecuencia las materias de modalidad en el Bachillerato, lo que llevará a un recorte importante de profesorado, en torno a 5.000 a nivel de estado.
- Genera inestabilidad de las plantillas de los centros incidiendo negativamente en la calidad educativa. Provocará movilidad forzosa y despidos. El profesorado interino será el primero en ser despedido.
- Elude las recomendaciones de la UE y de la OCDE de priorizar las inversiones en educación. No considera factores de calidad del sistema los recursos humanos y materiales, la ratio, la formación continua y los servicios educativos complementarios.
- Establece una formación profesional básica que llevará necesariamente a una segregación temprana del alumnado para trasladarle al mundo laboral con una mínima formación (mano de obra barata) y excluyéndole de la formación reglada y de las vías de integración, que afectará principalmente al alumnado con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones laborales de los Trabajadores.
- Parte de una concepción centralista con desprecio hacia las lenguas cooficiales y la obligatoriedad de sufragar con dinero público la impartición de las clases de castellano.
Por todo ello llamamos a la participación de todos los sectores del ámbito educativo canario a secundar la jornada de huelga prevista para el jueves, 9 de mayo del presente, que culminará con concentraciones y/o manifestaciones en todas las islas a partir de las 19.00 h.
Las manifestaciones, que están previstas a partir de las 19:00 h.. quedan como sigue:
- Tenerife: Plaza Weyler, C/. Méndez Núñez, C/. El Pilar - Plaza del Príncipe.
- La Palma: Plaza de España - C/O´Daly - Av. Marítima - Subdelegación de Gobierno
- La Gomera: Pl. de las Américas - Subdelegación de Gobierno
- Gran Canaria: Plaza del Obelisco
- Lanzarote: Desde la Calle Real (Cabildo Viejo)
- Fuerteventura: Desde la Plaza de la Iglesia.
