La LOMCE, un retroceso de la enseñanza pública a la época franquista.

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país”…

Así comienza la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el ministro Wert y el gobierno pretenden aprobar antes de final de año.

Esta ley representa un ataque brutal contra el sistema de enseñanza pública y un intento manifiesto de hacerlo retroceder en muchos aspectos a la misma época franquista. El objetivo principal de la LOMCE, tal cual se recoge en su frase de inicio, es modificar aquellos aspectos del sistema educativo actual que no se corresponden con las necesidades del mercado, ávido de trabajadores/as de baja cualificación.

A grandes rasgos, la LOMCE se plantea los siguientes objetivos básicos reales:

• Establecer rutas claramente diferenciadas que determinan el futuro académico del alumnado a edades inferiores a las que la ley marca como educación obligatoria. Esto tiene como fin adaptar a los/as alumnos/as, a partir de los 12 años, a un modelo productivo basado en la baja cualificación.
• Introducir pruebas de evaluación externas para permitir un control directo sobre el acceso a cada etapa del sistema educativo. Los resultados en dichas pruebas determinarán el acceso a los recursos económicos y humanos de cada centro.
• Eliminar competencias de los consejos escolares y atribuirlas a los/as directores/as de centros que, a su vez, deberán pasar por un proceso selectivo previo, en manos de la administración, que asegurará su total “docilidad” con respecto a la voluntad de ésta.
• Profundizar en la eliminación de derechos del profesorado, que se ve sometido a la amenaza de impartir materias distintas a su especialidad y a traslados obligatorios por necesidades funcionales. Sin embargo, el ataque mayor en este sentido, vendrá con la ley del Estatuto de la función pública docente, que la misma ley anuncia y que parece se pretende también aprobar en poco tiempo para evitar contradicciones entre ambos marcos legislativos.
• Devaluar los contenidos académicos que se imparten en la enseñanza media con el recorte o práctica eliminación de asignaturas, tanto de enseñanzas artísticas y tecnológicas como de conocimiento del medio y de la historia contemporánea, poniendo el énfasis en las materias instrumentales. Es una ley que entiende al alumnado exclusivamente como futur@s trabajador@s cuyo campo de acción en la sociedad debe limitarse al campo de lo laboral y no a su participación como ciudadan@s, con autonomía de pensamiento, crítico con el mundo que les rodea y con capacidad para imaginar y crear nuevas situaciones.
• Abrir la vía a la no gratuidad de los niveles no obligatorios: E. Infantil, Bachillerato, Grados Medio y Superior de Formación Profesional, Régimen Especial (EOI, Escuelas de Arte, Artes Escénicas) y Universidad.

El resultado de la aplicación de una ley como la LOMCE, si se lleva a cabo, será el de la pérdida de una parte muy importante de las características democráticas y niveladoras de desigualdades del sistema público educativo; la pérdida de derechos de la comunidad educativa en beneficio del poder de directores/as en manos de la administración; y un nuevo avance en el camino hacia la privatización de lo público.

Es urgente, por lo tanto, informar al conjunto de la comunidad educativa y de la ciudadanía de los verdaderos contenidos y repercusiones de esta ley regresiva e impulsar un fuerte movimiento de rechazo y de respuesta a la misma, que incluya a madres y a padres, a estudiantes, a docentes, así como a la ciudadanía en general.

La movilización de estudiantes y de familias de los pasados día 16, 17 y 18 de octubre fue el primer paso para frenar la ley pero la lucha no ha de detenerse hasta conseguir su retirada. Por ello llamamos a la Huelga General el próximo día 14 de noviembre con el objetivo de expresar, además de un rechazo global a la política económica y social del gobierno, el rechazo firme a la LOMCE.

ASCEP está comprometida en impulsar el movimiento en defensa de la educación pública y el rechazo de la comunidad educativa y de la sociedad en general a la LOMCE.

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